Dictadura de Nicaragua, ha cerrado 3,500 iglesias, 256 Evangélicas, persecución de la iglesia Católica es intensa, han expulsado a sacerdotes; espían en las iglesias sus sermones; no dejan salir las procesiones.
El documento destaca que muchos sacerdotes y religiosos han huido de Nicaragua y miles de feligreses han dejado de asistir a misas y cultos por miedo a ser hostigados por la policía y luego criminalizados.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) brindó una actualización de informe en la que destaca que el régimen de Daniel Ortega sostiene una serie de abusos sistemáticos generalizados, especialmente en contra de miembros de la Iglesia Católica y de otras denominaciones presentes en el país centroamericano.
Advierte que “las prohibiciones gubernamentales de celebración de actos religiosos públicos y masivos junto a la criminalización por manifestar la pertenencia a una iglesia generaron temor en la población”.
De igual modo el informe destaca que muchos sacerdotes y religiosos han huido de Nicaragua y miles de feligreses han dejado de asistir a misas y cultos por miedo a ser hostigados por la policía y luego criminalizados.
Según el Grupo de Expertos, la represión contra miembros de iglesias evangélicas demuestra que el espectro de los perfiles de víctimas ha pasado a ser aún más amplio, ya no solo abarcando a personas opositoras, adversarias y/o críticas, o percibidas como tales, sino también a personas vinculadas con grupos que tienen capacidad de movilización social autónoma, siendo esta capacidad una potencial frente a lo establecido por el gobierno en Nicaragua.
Lamentan que la persecución de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas también violó el derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su derecho a la libertad de religión, con efectos en otros derechos como la libertad de conciencia, expresión y opinión.
Régimen pretende eliminar las voces críticas
Las conclusiones del documento señalan que el régimen de Nicaragua ha venido implementando un plan discriminatorio con el fin de eliminar todas las voces críticas y cualquier amenaza al control del Estado.
“Con la deportación y privación arbitraria de la nacionalidad de miembros de la Iglesia católica, el gobierno buscó silenciar a aquellos que públicamente habían manifestado su desacuerdo con las acciones del Gobierno”, apuntan.
Añaden que con el cierre de las iglesias de otras confesiones cristianas, buscó anular la capacidad de convocatoria y movilización social que pudiera amenazar su poder.
Insisten que todo lo anterior con la finalidad de acallar estas voces y limitar la influencia que tienen la Iglesia católica y otras iglesias cristianas en la sociedad nicaragüense.
De igual modo apuntaron que el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro busca disuasión de cualquier nueva iniciativa de crítica y expresión pública contra el Gobierno, organización o movilización, incluso nuevas iniciativas de mediación.
Lamentaron que las violaciones y abusos de los derechos humanos de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas documentados hasta el cierre de este documento lograron suprimir, a largo plazo, cualquier voz crítica y organizada de religiosos, feligreses o laicos en Nicaragua”.
También reportan crímenes de lesa humanidad
El documento titulado, “Violaciones y abusos de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas en Nicaragua”, abarca hechos ocurridos desde abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024.
Destacan que para su elaboración se entrevistó a 63 personas (38 hombres y 25 mujeres) afectadas directa e indirectamente por ser miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas.Así mismo exponen que examinaron cientos de fuentes secundarias y abiertas como publicaciones en línea.
Por otro lado aseguran que las autoridades, así como grupos armados progubernamentales y otras organizaciones afines al gobierno, cometieron violaciones y abusos graves de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia católica que habían participado en las protestas de 2018 y habían sido críticos del régimen.
Entre estas violaciones destacan “abusos de los derechos a la libertad y la seguridad de la persona, las garantías procesales y un juicio justo, no ser sometido a actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la reunión pacífica y una nacionalidad, así como de los derechos a las libertades de opinión, expresión, conciencia, pensamiento y religión y circulación”.
Insisten que algunas de estas violaciones y abusos constituyen, a su vez, los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos.
