La empresa Sancorganic SLU instaló la valla en marzo de 2022, supuestamente para protegerse del vandalismo, sin el preceptivo permiso medioambiental de la Comunidad de Madrid (a pesar de estar en una zona protegida por la Red Natura 2000). Y aunque la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de Valdetorres dieron permisos, la normativa europea exige que las vallas en zonas de especial conservación permitan el tránsito de fauna. Esta valla no lo permite. Los corzos, que no excavan ni saltan como los jabalíes, quedan atrapados dentro (o fuera), imposibilitados de acceder al río. Los vecinos han denunciado animales tambaleándose de sed, y vídeos como el del corzo enganchado son la prueba irrefutable. La respuesta de la empresa: colocar dos rampas de tierra (insuficientes) y cinco bebederos dentro del recinto (una solución absurda, porque los animales necesitan el ecosistema del río, no un bebedero de plástico). Y la respuesta de la Comunidad de Madrid: abrir un expediente en diciembre de 2022, multar con 2.800 euros (pagados), y siete meses después, seguir "recogiendo actas" sin tomar una decisión firme que obligue a retirar la valla o modificarla sustancialmente.
Las causas raíz son sistémicas: la laxitud en la aplicación de las leyes ambientales, la priorización de los intereses agrícolas (los pistachos son un cultivo de moda) sobre la biodiversidad, la falta de coordinación entre administraciones (ayuntamiento, confederación, comunidad, ministerio), y la desidia burocrática que convierte un expediente en una tumba abierta. Siete meses. Durante siete meses, los animales han sufrido olas de calor, sequía y desesperación. El CEO de la empresa, Jaime Nicolás-Correa, echa la culpa a "un error del topógrafo" y dice que ya ha rectificado el perímetro, pero el problema persiste. El impacto ecológico es directo: muerte por deshidratación de corzos, zorros, jabalíes y conejos, y fragmentación de un ecosistema protegido. El impacto moral es una condena a nuestra indolencia: permitimos que una valla de alambre decida quién vive y quién muere, mientras las instituciones se lavan las manos.
La esperanza realista está en la presión ciudadana y en los tribunales. El vídeo del corzo se ha viralizado, y asociaciones como Jarama en Pie y Grama están llevando el caso a la opinión pública y a la justicia. La tecnología (drones, imágenes satelitales) permite documentar las infracciones. La normativa europea (Red Natura 2000) es vinculante, y el Tribunal de Justicia de la UE ya ha condenado a España por incumplimientos similares. La solución es clara: obligar a la empresa a modificar la valla (haciéndola permeable a la fauna, con pasos específicos) o a retirarla. Y endurecer las penas para que los 2.800 euros de multa no sean un mero coste operativo. Pero la solución definitiva pasa por una voluntad política que, hasta ahora, no existe.
La conclusión es una pregunta que debería escocer más que la sed de un corzo: ¿cuántos expedientes más serán necesarios, cuántos vídeos de animales agonizando, cuántas olas de calor, para que la Comunidad de Madrid actúe con la misma rapidez con la que concede permisos a empresarios? Porque aquí no hay un conflicto entre agricultura y naturaleza: hay un conflicto entre el lucro y la decencia. Los pistachos de Sancorganic pueden crecer sin una valla letal. Pero los corzos no pueden vivir sin agua. La ley es clara, los hechos son tozudos, y los siete meses de silencio administrativo son un alarido de complicidad. La pregunta que lanzamos desde la orilla del Jarama es: ¿de qué lado de la valla quiere estar usted, querido lector? Porque mientras tanto, en algún lugar de Valdetorres, un corzo vuelve a tambalearse, buscando el agua que nunca llegará. Y nosotros, con nuestras quejas y tuits, seguimos siendo parte del problema si no exigimos soluciones YA. La sed no espera. La burocracia, parece que sí. Y eso es un pecado mortal.
