El Colectivo Marroquí de Organismos de Derechos Humanos ha solicitado al Estado marroquí que escuche atentamente el pulso de la calle, tras una semana de protestas y manifestaciones pacíficas lideradas por la «Generación Z» en varias regiones del país.
En un comunicado, el colectivo instó a una respuesta inmediata a las expectativas de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto, abogando por un diálogo nacional amplio y responsable que incluya diversas expresiones civiles, políticas, sindicales y de derechos humanos, con el objetivo de encontrar soluciones concretas que mitiguen el actual clima de tensión.
Asimismo, exigió la apertura de una investigación judicial independiente y justa sobre todas las violaciones registradas durante estas protestas, incluidas las muertes por disparos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en Al Qal’a, que resultaron en tres fallecimientos, así como los atropellos por vehículos de seguridad en Oujda, que dejaron a dos heridos, uno de los cuales está en cuidados intensivos y el otro ha perdido una pierna.
El colectivo expresó su rechazo a las narrativas oficiales unilaterales antes de que se completen las investigaciones judiciales y se determinen responsabilidades, enfatizando la necesidad de vincular la responsabilidad con la rendición de cuentas y evitar la impunidad.
Además, el Colectivo Marroquí de Organismos de Derechos Humanos hizo un llamado a crear un ambiente propicio en el país y a calmar la situación social, instando a detener todos los procesos judiciales en contra de los jóvenes manifestantes pacíficos y liberar a todos los detenidos en relación con estas protestas.
También se solicitó la liberación de todos los prisioneros políticos, detenidos de opinión y activistas de movimientos sociales, destacando en particular a los detenidos del Hirak del Rif, así como a periodistas, blogueros y defensores de derechos humanos.
El colectivo criticó el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad al enfrentar las manifestaciones de la Generación Z en varias ciudades, alertando sobre la gravedad del enfoque represivo que el Estado adopta ante las demandas de los jóvenes. Esto, argumenta el comunicado, requiere un cambio de una estrategia de seguridad a una política de diálogo y derechos que reconozca la legitimidad de las demandas.
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