Las prisas de Moncloa por controlar Telefónica exponen a la Sepi a multas en Estados Unidos

 El relevo relámpago de Álvarez Pallete por Murtra da munición para exigir responsabilidades al brazo inversor del Gobierno en caso de reclamaciones.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se expone a multas en Estados Unidos por el asalto a Telefónica. Las prisas por tomar una participación del 10% ya estuvieron a punto de provocar sanciones del regulador americano y ahora, con el relevo relámpago de José María Álvarez Pallete, el Estado acrecienta el riesgo de reclamaciones por el perjuicio a terceros, como pueden ser los clientes de la compañía, según trasladan fuentes jurídicas próximas al brazo inversor del Gobierno.

El Estado alcanzó el objetivo del 10% en mayo de 2024 para contrarrestar el desembarco de STC Group, empresa propiedad de la familia real saudí que ayer ejecutó tras año y medio el 5% que tenía a través de derivados y alcanzó el 9,97%. Tras una inversión de unos 2.300 millones de euros, Moncloa sentó a un consejero en el máximo órgano de gobierno de Telefónica y propició el cambio de presidente con el salto de Marc Murtra a la compañía, procedente de Indra.

 

El movimiento para escalar hasta el 10% del capital ya expuso a la Sepi a multas por no notificar a tiempo a los distintos reguladores extranjeros la toma de la participación, según fuentes jurídicas. Aunque estas se esquivaron después de que el brazo inversor del Gobierno contratara al despacho Baker McKenzie por el riesgo de demandas.

Pero la maniobra para situar a Murtra, quien fue presidente de Indra desde 2021, al frente de Telefónica abre todavía más la brecha para que la Sepi pueda ser considera responsable de una mala gestión en la legislación norteamericana, según las fuentes consultadas.

Murtra, hombre de confianza del Gobierno

La elección de Murtra otorga a Moncloa un enorme poder de decisión en el consejo de administración de la operadora al tratarse de un hombre de la máxima confianza del presidente del Gobierno, sobre todo, por sus vínculos con la rama catalana del PSOE. Y procede de Indra, una empresas en la que la Sepi controla algo más del 25% del capital.   

La exposición del Estado a posibles multas por reclamaciones tiene que ver con la figura conocida como ‘control person’. Se trata de un concepto jurídico contemplado en las reglas especiales de la SEC, el regulador del mercado bursátil estadounidense.

El Instituto de Consejeros Administradores (IC-A) ha pedido a la CNMV investigar si los grandes accionistas de Telefónica deben lanzar una opa por la compañía

Se impone al adquirir acciones de una compañía que representan el 10% o más del capital o a personas que ocupan un cargo como funcionario o ejecutivo en una sociedad con capacidad para influir en la toma de decisiones. En el caso de la Sepi, la primera opción se activó en mayo de 2024, mientras que la segunda daría munición ahora a los bufetes para reclamar la responsabilidad legal de la Sepi, como interpretan fuentes jurídicas.

Responsabilidad 

El principio de responsabilidad del ‘control person’ considera responsables a este tipo de personas o sociedades del daño que pueda causar la actividad de la compañía a terceros, como por ejemplo a los clientes. Es decir, si una empresa no ejerce un cuidado razonable al controlar sus actividades y causa un perjuicio a terceros, el ‘control person’ puede ser considerado responsable por no gestionar adecuadamente los asuntos de la empresa.

Telefónica cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1987. Lo hace a través de los conocidos como American Depositary Receipt (ADR), un certificado negociable en Estados Unidos que representa la propiedad de acciones de una sociedad constituida fuera del país. También generan el derecho a dividendos, cuyo pago es en dólares americanos. Telefónica cotiza además en la Bolsa de Lima con la fórmula de ADR desde el año 2000.

Precisamente ayer, el Instituto de Consejeros Administradores (IC-A) pidió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) investigar si el brazo inversor del Gobierno, CriteriaCaixa y STC están obligados a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de Telefónica. Una reclamación “excepcional” de la institución provocada por el relevo relámpago en la presidencia el pasado 18 de enero.

 Rubén Sampedro