La apuesta a contracorriente de Telefónica: invertirá 500 millones en Venezuela
Esta semana se ha hecho público que durante los próximos dos años Telefónica invertirá unos 500 millones de dólares (casi 480 millones de euros) en Venezuela. Según explicó la propia compañía, el dinero irá destinado a desplegar tecnología 5G, lo que les llevará a instalar 805 nodos repartidos por todo el país en los próximos años. Y en paralelo, reforzarán la red 4G/LTE que ya tienen allí.
El movimiento llega después de que el pasado jueves 30 de enero Telefónica obtuviera un nuevo bloque de espectro en Venezuela. Pero llama la atención. La filial venezolana de la operadora forma parte de Hispam, la marca que también aglutina sus operaciones en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México y Uruguay. Unos mercados que se le han complicado a Telefónica en los últimos años, después de acumular pérdidas y juicios millonarios que, en algunas ocasiones, se juntaban con la dificultad de operar en países con una gran inestabilidad política.
El giro de Telefónica en Venezuela
Durante años Venezuela fue un nicho importante para Telefónica, antes de que la propia compañía catalogara su economía como hiperinflacionista en sus cuentas. A partir de ahí, el mercado venezolano fue perdiendo peso paulatinamente por la difícil situación que atravesaba el país, a lo que se añadieron los destrozos constantes de sus instalaciones. En 2020, sin ir más lejos, la operadora contabilizó 186 robos y actos vandálicos, que afectaron al funcionamiento de 126 estaciones. En algunos años se llegaron a superar los 500 incidentes de este tipo.
El giro en la estrategia llegó en 2022, cuando se anunció que Movistar inyectaría en Venezuela unos 270 millones de dólares a lo largo de los próximos dos años para "actualización y mejoras en mantenimiento de redes y sistemas, nuevos equipos de telecomunicaciones, plataformas tecnológicas, sistemas de respaldo de energía y recuperación de estaciones". En ese entonces José Luis Rodríguez Zarco, presidente de Telefónica Venezuela, aseguró que la economía "había empezado a dar signos de recuperación", y que ellos querían ayudar "revirtiendo la reducción de las inversiones de los últimos años".
Sobornos al Gobierno de Maduro
La noticia de la inversión de los 500 millones que se acaba de hacer pública llega meses después de que Telefónica Venezolana aceptara pagar una multa de 85,26 millones de dólares (casi 80 millones de euros). El motivo, según explicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, era cerrar la investigación de una trama de sobornos a miembros del Gobierno de Venezuela.
La Fiscal General Adjunta Principal del Departamento de Justicia estadounidense, Nicole M. Argentieri, explicó que "Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios del Gobierno venezolano para participar en una subasta gubernamental a través de la cual intercambió bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. La empresa ocultó los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados a dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la empresa".
El Confidencial, citando a fuentes próximas al caso, adelantó que la operadora sabía desde hace meses la magnitud del expediente sancionador, y durante las negociaciones con la Justicia estadounidense pactó una serie de condiciones para evitar un juicio "que hubiera tenido peores consecuencias". Una de ellas fue el despido de "los máximos responsables de los sobornos".
Entre ellos estaba Pedro Cortez, que era consejero delegado de la filial venezolana cuando se produjeron los pagos. Cortez fue presidente ejecutivo y CEO de Telefónica Venezolana entre 2012 y 2017, momento en cual pasó a ejercer el mismo puesto en la filial peruana de la compañía. Su vinculación con la operadora finalizó en julio de 2024, aunque Telefónica no quiso aclarar si su salida estuvo motiva por este asunto.
EE.UU multa a Telefónica con 80 millones por sobornar a miembros del Gobierno de Venezuela
Telefónica Venezolana, filial venezolana de Telefónica, había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU para pagar una multa de 85,26 millones de dólares (casi 80 millones de euros). El motivo era cerrar la investigación de una trama de sobornos a miembros del Gobierno de Venezuela.
En un comunicado remitido por el propio Departamento de Justicia estadounidense, la Fiscal General Adjunta Principal, Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal, explicó que "Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios del gobierno venezolano para participar en una subasta gubernamental a través de la cual intercambió bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. La empresa ocultó los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados a dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la empresa".
Argentieri apuntó que "Telefónica Venezolana decidió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela". Y aseguró que la multa impuesta era "otro ejemplo más del compromiso del Departamento de Justicia de luchar contra la corrupción y exigir a las empresas que rindan cuentas por su conducta delictiva".
El mismo día que se publicó el comunicado Telefónica Venezolana firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) por violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Los hechos sancionados sucedieron en 2014, cuando el presidente de Telefónica era César Alierta, José María Álvarez-Pallete (actual presidente) era consejero delegado y Ángel Vilà (actual consejero delegado) ejercía como director de Finanzas Corporativas.
Según ha informado este lunes El Confidencial, citando a fuentes próximas al caso, la operadora sabía desde hace meses la magnitud del expediente sancionador, y durante las negociaciones con la Justicia estadounidense pactó una serie de condiciones para evitar un juicio "que hubiera tenido peores consecuencias". Una de ellas el despido de "los máximos responsables de los sobornos", entre los que estaba Pedro Cortez, que era consejero delegado de la filial venezolana cuando se produjeron los pagos de comisiones a miembros del Gobierno de Nicolás Maduro.
En su perfil personal de LinkedIN, Cortez recoge que fue presidente ejecutivo y CEO de Telefónica Venezolana entre 2012 y 2017, momento en cual pasó a ejercer el mismo puesto en la filial peruana de la compañía (Telefónica del Perú). En ese cargo se mantuvo hasta julio de 2023, cuando fue nombrado director de estrategia de Hispam, la unidad del grupo empresarial que reúne los negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, Uruguay y Venezuela.
La vinculación de Cortez con Telefónica finalizó en julio de 2024, y desde entonces el ejecutivo actúa como "profesional independiente". Este periódico se ha puesto en contacto con la operadora para preguntar si su salida estuvo motiva por este asunto, pero han declinado hacer comentarios.
Los entresijos de la investigación
Según documentos judiciales a los que ha accedido la Justicia estadounidense, en 2014 Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno de Venezuela, que le permitió cambiar sus bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Para asegurar su éxito en la subasta, la compañía reclutó a dos proveedores para que realizaran pagos corruptos por aproximadamente 28,9 millones de dólares a un intermediario, sabiendo que algunos de esos fondos se pagarían como "comisión" a funcionarios del gobierno venezolano.
Para ocultar los pagos de sobornos, Telefónica Venezolana cubrió el costo de los sobornos comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de sus "pagos corruptos", a Telefónica Venezolana se le permitió cambiar y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos de los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema. Estos fondos representaron más del 65% de los fondos que el gobierno venezolano otorgó en la subasta de divisas de 2014.
"Telefónica Venezolana, filial y agente de un emisor estadounidense, accedió a llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos para obtener acceso a la moneda estadounidense y mantener su posición en el mercado de telecomunicaciones venezolano", aseveró el fiscal federal Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York. "Luego, los intermediarios canalizaron los pagos de sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos. Esta oficina no tolerará el uso y abuso del sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos y a quienes mantienen su posición en el mercado apaciguándolos", añadió.
El Departamento de Justicia llegó a esta resolución con Telefónica Venezolana basándose en "una serie de factores", entre ellos, la naturaleza y la gravedad del delito. Según ha explicado, la operadora recibió una sanción menor porque cooperaron con la investigación. Por ejemplo, poniendo voluntariamente a disposición a los empleados que se encontraban fuera de los Estados Unidos para entrevistas o recopilando, analizando y organizar pruebas e información, acompañadas de traducciones de documentos.
Sin embargo, la Justicia de EE.UU afirma que en las fases iniciales de la operación la empresa no estuvo por la labor de colaborar, algo que les ha jugado en contra junto con el hecho de que en 2019 la filial brasileña de la compañía, Telefónica Brasil, ya recibió una sanción de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) por comprar entradas del Mundial de Fútbol de 2014 y la Copa Confederaciones de 2013 a funcionarios brasileños.
Con todo, Telefónica Venezolana ha implementado una serie de "medidas correctivas oportunas", como disciplinar o despedir a ciertos empleados involucrados y fortalecer su programa de cumplimiento anticorrupción. Y tanto la filial como su matriz corporativa, Telefónica, han acordado seguir cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación penal en curso o futura que surja durante la vigencia del DPA.
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