Rabat construye un relato ficticio para pedir la ampliación de 350 millas de su plataforma continental.
Marruecos continúa su línea expansionista sobre distintos espacios aéreos, marítimos y terrestres tras la Resolución 2797 de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, que Rabat considera una victoria aunque no ha obtenido la soberanía. La decisión no modifica el estatus jurídico del territorio, pendiente de descolonización.
El objetivo ahora, entre otros, consiste en hacerse con el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental que ostenta España, del espacio marino en torno a las Islas Canarias y la “liberación” de ciudades autónomas e islotes españoles. La reciente celebración del aniversario de la Marcha Verde ha vuelto a recordar que Marruecos puede dominar territorio de soberanía española a través de marchas pacíficas.
Sobre la delimitación de los espacios marinos en torno a Canarias, debe decirse que las aguas limítrofes son del Sáhara Occidental y no de Marruecos, pero este país aprobó un proyecto de ley, a finales de 2020, para determinar su frontera marítima, que incluía las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.
En concreto, la Cámara Baja aprobó dos leyes para crear una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas en la costa del Sáhara y solicitar una ampliación de 350 millas de su plataforma continental allí. Este último espacio, sin embargo, se solapa con la ampliación pedida por España a Naciones Unidas en torno a Canarias. En 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazó que Rabat pueda incluir esas aguas en su zona de explotación económica, “habida cuenta de que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos”. Si el reino alauita integrase al Sáhara como una región autónoma —solución que defiende Rabat—, el conflicto sobre esas aguas sería efectivo.
La disputa por el Monte Tropic
El principal objeto de disputa ademas de los espacios marinos es el denominado Monte Tropic, una zona submarina con altas concentraciones de minerales claves para la tecnología verde. Este yacimiento es considerado estratégico en la carrera mundial por la energía del futuro.
El Monte Tropic no es un accidente geológico cualquiera. Está dentro de esas 350 millas de ampliación de plataforma continental que han solicitado tanto España (por Canarias) como Marruecos (por el Sáhara). Se trata de una mina submarina futura que contiene uno de los mayores depósitos de telurio conocidos, cobalto, vanadio, níquel y tierras raras esenciales para baterías, armas avanzadas, electrónica, energías renovables y semiconductores.
España defiende que esa zona es prolongación geológica de Canarias. Marruecos exige que si el Sáhara forma parte de su soberanía, la proyección marítima debe partir de esa costa y abarcar áreas que hoy España considera vinculadas al archipiélago. Cada línea que se trace en ese fondo oceánico determinará quién controla recursos estratégicos vitales.
Conflicto geopolítico
Estamos ante un conflicto geopolítico donde Canarias es el territorio español más afectado, no solo por la delimitación de los espacios marinos sino también por la migración como herramienta de presión de Marruecos sobre España. Cabe recordar que Canarias se sitúa a 100 kilómetros de distancia del Sáhara Occidental. Si Marruecos logra esa ampliación, estaría rodeada por Marruecos, cosa que ahora no sucede.
Tropic está más cerca de Canarias que de Marruecos. Pertenece geológicamente a la Canary Islands Seamount Province, el conjunto de montes submarinos vinculados al volcanismo canario. La plataforma continental marroquí no llega hasta Tropic. La propaganda intenta venderlo como “zona equidistante” o “área a negociar”, pero eso no tiene base científica ni jurídica. Marruecos busca convertir un territorio ajeno en “espacio discutible”. La táctica es crear confusión para abrir la puerta a una negociación que no debería existir.
Para Canarias es muy importante la delimitación de estos espacios marinos porque afecta a sus competencias, recursos y equilibrios territoriales, por el control de la inmigración irregular que viene sufriendo de manera implacable y por la explotación de los recursos naturales, un asunto especialmente sensible por sus implicaciones económicas, medioambientales y estratégicas.
Marruecos quiere control por tierra, mar y aire, y ello forma parte de una estrategia integral de dominio regional e internacional y de control geopolítico. Por ello, España debe defender con firmeza la soberanía marítima impidiendo que Marruecos amplíe unilateralmente su Zona Económica Exclusiva, que ademas no le pertenece al ser aguas del Sáhara Occidental y en consonancia con lo que establece el derecho internacional. Igualmente debe priorizar a Canarias dada su excelente situación geográfica para que el archipiélago se convierta en un hub logístico entre Europa, África y América.
Lo que dice el derecho internacional
La Convención sobre el derecho del mar señala que España, como antigua potencia administradora del Sáhara Occidental, no puede adoptar decisiones sobre territorios en descolonización que no beneficien a su población originaria. Como bien sabe nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y recuerda Juan Soroeta, catedrático de Derecho Internacional Público: “Cualquier acuerdo entre España y Marruecos sobre aguas o espacio aéreo saharaui sería nulo sin el consentimiento expreso del pueblo saharaui porque violaría el derecho de autodeterminación, que es de carácter imperativo”. “La condición de derecho imperativo de este derecho ha sido confirmada en octubre de 2024 por la Corte Internacional de Justicia. El Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y no se puede negociar sobre su delimitación sin contar con su pueblo”, añade.
La delimitación de las aguas españolas a partir de Canarias afecta al Sáhara Occidental, por lo que no es posible proceder a una delimitación estable y efectiva hasta que no se haya solucionado el conflicto que afecta a aquella zona, una vez que el pueblo saharaui haya ejercido su derecho a la libre determinación.
Como no ha sucedido tal cosa, el Gobierno español no tiene interlocutor con el que pueda negociar la delimitación, salvo que lo haga consigo mismo, ya que jurídicamente sigue siendo el responsable de la administración del territorio, y Marruecos no tiene derecho alguno porque no ejerce soberanía sobre el Sáhara por ahora.
Si el Sáhara fuese marroquí (que no lo es), Marruecos podría: reclamar ZEE, pedir ampliación de plataforma continental, gestionar espacio aéreo, proyectarse hacia Tropic y redibujar el Atlántico a su gusto. El Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo y Marruecos no es la potencia administradora. Marruecos no tiene soberanía reconocida y no puede reclamar ni una sola milla de mar territorial desde esa costa. Todo lo que Marruecos construye sobre esa base es ilegal según el derecho internacional.
Una realidad que no existe
La ONU no respalda las reclamaciones marroquíes. Cada vez que Rabat habla de su “solicitud de ampliación de plataforma continental”, su mensaje parece técnico y legítimo. Pero la verdad es otra: la Comisión de Límites no puede aprobar ninguna solicitud mientras el Sáhara siga siendo un territorio pendiente de descolonización. Marruecos no tiene título válido para pedir nada desde esa costa y ningún informe de la ONU respalda su reclamación. Quieren que parezca que el proceso está “avanzando”, pero es humo político. No hay avance real porque jurídicamente no puede haberlo.
Por lo tanto, España no puede aceptar el marco narrativo que Marruecos quiere imponer. El relato marroquí intenta fabricar una realidad que no existe: el Sáhara no es suyo, Tropic no es suyo, la ONU no avala sus mapas, la plataforma continental no les pertenece.
La estrategia de Rabat es clara: actuar primero, imponer después, y vestirlo todo con palabras que suenan bien —diálogo, cooperación, modernización— mientras avanzan un centímetro más en cada frente. España necesita dejar de aceptar ese marco mental y volver a poner encima de la mesa los hechos, la legalidad internacional y la geografía real. Porque si dejamos que Marruecos marque el relato, después vendrán a marcar las fronteras.
Dame los hechos y yo te daré el derecho. Y el derecho internacional está del lado de España. El resto es propaganda. Los hechos son simples: no existe “victoria” diplomática cuando un Estado tiene que fabricarla mediante la narrativa en lugar de la ley.
Pilar Rangel
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