Hacienda estudia retirar el contrato a Indra para dejar de computar los votos en las elecciones en España

 

El Gobierno de Pedro Sánchez, pasó a controlar Indra en un golpe de mano llevado el 22 de junio de 2022 cesando cinco de los ocho consejeros independientes que tenía la compañía

La empresa Indra, podría dejar de transmitir los datos y gestionar la plataforma tecnológica que se utiliza en proceso en el recuento de los votos en las elecciones que se celebran en nuestro país tanto Generales, como autonómicas y municipales.

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— Betania (@BetaniaTv) August 1, 2024

El Gobierno de Pedro Sánchez, pasó a controlar Indra en un golpe de mano llevado el 22 de junio de 2022 cesando cinco de los ocho consejeros independientes que tenía la compañía en le Junta de Accionistas celebrada en esa fecha a través de la empresa estatal Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista de la compañía.

La SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda y máximo accionista del grupo, se apoyó en el fondo activista Amber -comandado por el también presidente del grupo Prisa, Joseph Oughourlian- y en el grupo vasco de defensa SAPA para por sorpresa dar un vuelco a la composición del consejo de administración de Indra.

El Gobierno de Sánchez, ceso a estos cinco consejeros independientes ya que no respaldaban que el Estado se implicara aún más en el control de Indra y que habían conformado un bloque para impedir el año pasado que el presidente del grupo, Marc Murtra, asumiera funciones ejecutivas.

Tras este movimiento, el consejo pasó de catorce a sólo nueve miembros, de los que el Gobierno a través de la SPI CON UN 28%, tiene tres consejeros.

En los últimos meses, la situación de la empresa Indra se ha puesto en el punto de mira debido a varios factores, uno de ellos las caídas de la web del recuento provisional de votos durante las elecciones del 28-M de 2023.

Una de las personas que está batallando en este sentido es al Abogado Guillermo Rocafort, solicitante de información que lleva un año de ‘pulso’ con Indra, y que presentó una reclamación solicitando acceso a los informes de la empresa que detallen los motivos de dichas caídas, los protocolos fallidos y las medidas adoptadas para restablecer el sistema.

 

Desde el Ministerio del Interior se ha encontrado con la negativa a proporcionar estos informes, alegando motivos de seguridad, algo que llevó al Consejo de la Transparencia a intervenir en el asunto.

El 11 de abril de 2024, el Consejo de Transparencia resolvió que el Ministerio del Interior debía proporcionar los informes solicitados, al entender que la divulgación de esta información no compromete la seguridad pública como señalaban desde el ministerio de Marlaska.

Para el Consejo de Transparencia, estos informes son cruciales para garantizar la confianza pública en el sistema democrático al demostrar la transparencia y la eficacia de las medidas adoptadas para manejar las incidencias en el sistema de escrutinio provisional.

Este mes de julio el Consejo de la Transparencia acusó al Ministerio del Interior de sembrar dudas electorales al negarse a desvelar informes de Indra sobre las caídas de la web del recuento provisional de las elecciones del 28-M.

“Indra podría dejar de computar votos en España debido a su participación en actividades contra la justa competencia”, señala el abogado en su red social «x». Esta decisión sería el resultado de múltiples condenas judiciales y la posible prohibición de “contratar con el Estado español”.

🔴 PP y Vox se escandalizan con el fraude electoral venezolano, pero guardan silencio ante el fraude español. ¿Por qué? 🤔

👉 Aquí también cae la web electoral y de repente aparecen votos fantasmas a Junts por toda España.
👉 Tampoco nos dan acceso a las actas, como en… pic.twitter.com/r05cr1BVWn

— Gabriel Araújo (@GabrielAraujoES) July 30, 2024

Indra, que es una de las principales empresas tecnológicas en España, ha estado implicada en varios casos de prácticas anticompetitivas. En particular, la empresa fue hallada culpable de formar parte de un cártel en el sector ferroviario, donde se coordinó para repartir contratos públicos y privados, incluyendo aquellos relacionados con la electrificación y el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. Esta conducta llevó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a imponer una multa de 870.000 euros a Indra en 2019.

Además, Indra también ha sido vinculada a un ‘cártel tecnológico’, conocido como el «cártel Informático», que involucraba a varias empresas en la manipulación de precios y licitaciones en contratos tecnológicos. Este cártel fue confirmado por el Tribunal Supremo, que rechazó los recursos presentados por las empresas implicadas.

El abogado Guillermo Rocafort ha explicado a un medio que “Indra ha sido condenada en varias ocasiones por falsear la competencia y aliarse con otras empresas para ‘costarle’ más dinero al Estado».

 Cantabria Press