El Rey Felipe VI sanciona este lunes por la tarde la ley de amnistía antes de ser devuelta a Moncloa para que se proceda a su publicación, previsiblemente, este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según confirmaron fuentes próximas a la Casa Real no ha sido hasta hoy cuando el Gobierno ha remitido a la Zarzuela la norma aprobada el pasado 30 de mayo en el Congreso de los Diputados, dilatando así los tiempos para que su aprobación definitiva no coincidiese con la recta final de la campaña de las elecciones europeas.
A partir de su publicación, comenzarán a producirse las decisiones de los jueces que tengan causas relacionadas con el ‘procés’ independentista abiertas entre el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023.
El artículo 91 de la Constitución establece que será el rey quien sancionará “en el plazo de quince días” las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará “su inmediata publicación”. Moncloa ha esperado 11 días para el envío de la ley de olvido, justo el día posterior a las elecciones en las que el Partido Popular se ha llevado el triunfo. Precisamente desde las bancadas populares en el Senado reprocharon la semana pasada al Gobierno el no publicar antes la ley “por miedo a las urnas”.
“¿Qué barbaridad ocultan para no publicar la ley de amnistía en el BOE? Pero, según [Félix] Bolaños, era una bendición. ¿Por qué la retrasan si es el icono a favor de la reconciliación, la fraternidad y la convivencia?”, le espetó la senadora Alicia García a la ministra portavoz Pilar Alegría durante la última sesión de control en la cámara alta.
Desde el Gobierno han defendido que la media de publicación de las normas en el BOE es de diez días. Pese a que en algunos casos como en la reforma de la malversación y la sedición se publicó al día siguiente.
Ahora, sin desgaste electoral inminente sobre la mesa, empezarán los jueces a mover ficha ante un calendario de aplicación que se avecina “complejo, incierto y desigual”, según explican magistrados y fiscales. Se espera que los jueces den un plazo de unos diez días a las partes para que se pronuncien sobre si la causa que les afecta puede entrar en el carril de la amnistía. En un principio, la Fiscalía General del Estado no llevará la iniciativa en los dos plazos que recoge la ley para su aplicación. Los jueces tendrán en su mano la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si albergan dudas sobre su aplicación, lo que dilatará algunos casos.
Felipe VI de Borbón no está capacitado para afrontar el mayor ataque a la Constitución Española que es la Amnistía que de un paso a un lado y deje paso a SM Doña Leonor de Borbón.
“Rex eris si recte facies, si non facias, non eris”
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