En uno Análisis histórico y político Mohamed Sikal recuerda casi medio siglo de conflicto en torno al Sáhara Occidental y cuestiona su coste para la sociedad marroquí. Detrás de la presentación de esta cuestión como una "causa nacional sagrada", destaca las consecuencias económicas, sociales y democráticas de una cuestión que, según él, ha ido absorbiendo paulatinamente las prioridades del Estado y relegando a un segundo plano las necesidades de la vida cotidiana de la población.
Durante casi cincuenta años, el conflicto del Sáhara Occidental ha ocupado un lugar central en la vida política marroquí. Presentada por las autoridades como la prioridad nacional absoluta, ha ido yendo poco a poco más allá del marco de una disputa territorial para convertirse en un elemento estructurante del discurso político, la diplomacia y las opciones presupuestarias del reino. Pero hay una pregunta que permanece en gran medida oculta en el debate público: ¿cuánto cuesta realmente este prolongado enfrentamiento a los ciudadanos marroquíes y qué perspectivas de desarrollo se han sacrificado en nombre de esta causa?
Es precisamente esta cuestión la que plantea Mohamed Sikal en su análisis, que traza las diferentes etapas del expediente, desde la aceptación del referéndum de autodeterminación por parte de Hassan II hasta los enfrentamientos diplomáticos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre de 2026.
Su razonamiento se basa en una contradicción fundamental: si bien las autoridades marroquíes presentan el Sáhara Occidental como una cuestión existencial para el reino, las consecuencias de esta política recaen diariamente sobre una población que enfrenta persistentes dificultades en términos de educación, salud, empleo, poder adquisitivo y servicios públicos.
Una causa nacional que se ha convertido en el pretexto permanente para posponer las prioridades sociales
Uno de los aspectos más importantes del análisis de Mohamed Sikal se refiere al uso político del expediente saharaui en la gestión de los asuntos internos de Marruecos.
A partir de la década de 1980, explica, la cuestión del Sáhara Occidental surgió gradualmente como un argumento que permitía rechazar demandas sociales y democráticas. Las solicitudes para mejorar el sistema educativo, fortalecer la infraestructura sanitaria, crear empleo o profundizar las libertades públicas encontraron regularmente la misma respuesta: el país tenía una mayor prioridad, la de su integridad territorial.
Esta lógica ayudó a establecer una jerarquía de emergencias en la que las necesidades inmediatas de la población podían quedar relegadas a un segundo plano en nombre de un objetivo nacional presentado como no negociable.
Mohamed Sikal recuerda así que, si bien la cuestión saharaui movilizó las instituciones y los recursos del Estado, Marruecos atravesaba períodos especialmente difíciles: crisis educativa, deuda externa, programa de ajuste estructural, desempleo y represión política durante los años de liderazgo.
Por tanto, la cuestión no es sólo la de las sumas dedicadas a un conflicto territorial. Se trata también del coste de oportunidad de cincuenta años de movilización política y financiera: los recursos asignados a la confrontación regional, al esfuerzo militar y a la gestión del expediente diplomático no podrían dedicarse simultáneamente a otras prioridades.
Los contribuyentes marroquíes se encuentran así en el centro de una ecuación que no necesariamente tienen medios para discutir: financiar una política presentada como sagrada, sin dejar de apoyar las deficiencias de los servicios públicos.
El referéndum aceptado por Hassan II y luego abandonado en la práctica
Para comprender esta evolución, Mohamed Sikal se remonta a 1981, cuando Hassan II anunció, durante la cumbre de la Organización de la Unidad Africana en Nairobi, su aceptación del principio de un referéndum en el Sáhara Occidental bajo supervisión internacional.
El soberano marroquí presentó entonces esta consulta como una confirmación de la pertenencia del territorio a Marruecos, convencido de que los vínculos tribales y demográficos llevarían principalmente a los votantes a optar por la integración en el reino.
Pero esta aceptación también despertó oposición dentro de la clase política marroquí.
Mohamed Sikal recuerda en particular la posición de Abderrahim Bouabid, entonces líder de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP). En un comunicado de prensa del 5 de septiembre de 1981, cuestionó el principio de un referéndum limitado únicamente a los saharauis, considerando que la cuestión de la soberanía territorial afectaba a todos los marroquíes.
Más bien, propuso una consulta democrática nacional.
Dos días después de la publicación de esta posición, Bouabid y varios funcionarios de la USFP fueron arrestados. Condenado a un año de prisión, el líder socialista pagó así el precio de su oposición a la estrategia oficial.
Este episodio ilustra, según el análisis de Sikal, una contradicción duradera: una cuestión presentada como la de la unidad nacional también sirvió de terreno para la confrontación con voces críticas dentro del propio Marruecos.
Cincuenta años de gasto y oportunidades perdidas
El análisis enfatiza particularmente el costo económico y social de prolongar el conflicto.
El esfuerzo militar, los gastos de seguridad, el mantenimiento del sistema defensivo, los compromisos diplomáticos y las inversiones vinculadas a la presencia marroquí en el territorio constituyen posiciones que movilizan recursos públicos.
Sin embargo, sería arriesgado reducir todo el gasto militar marroquí únicamente al conflicto del Sáhara Occidental. El texto de Mohamed Sikal no proporciona cifras consolidadas para establecer el coste total de esta política a lo largo de cinco décadas. Más bien, destaca la cuestión de las prioridades presupuestarias y los recursos que podrían haberse movilizado de otro modo.
Porque si bien el Estado mantiene esta prioridad estratégica, una parte importante de la población sigue exigiendo escuelas mejor equipadas, hospitales accesibles, infraestructura moderna y perspectivas profesionales.
El problema planteado es el del arbitraje político: ¿hasta qué punto una cuestión territorial puede justificar que se pospongan sistemáticamente otras emergencias nacionales?
Para Mohamed Sikal, el peligro es el de una política que transforme una situación temporal en un horizonte permanente, en el que cada generación esté llamada a soportar las consecuencias de un conflicto cuya resolución sigue posponiéndose.
De la esperanza del referéndum a la batalla de vetos en el Consejo de Seguridad
A continuación, el autor recorre las etapas del estancamiento diplomático.
Creada por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad, adoptada por unanimidad el 29 de abril de 1991, la misión principal de la MINURSO fue implementar el plan de arreglo y organizar el referéndum de autodeterminación, al tiempo que supervisaba el alto el fuego que entró en vigor en septiembre del mismo año.
Pero el proceso rápidamente se estancó en torno a la definición del electorado.
El censo español de 1974, que identificó a unos 74.000 saharauis, se convirtió en la referencia inicial. Marruecos cuestionó su carácter exhaustivo y quiso integrar a otras personas que afirmaban ser de origen saharaui. El Frente Polisario y Argelia defendieron, por su parte, una definición más restrictiva del electorado.
Las solicitudes de registro finalmente superaron las 240.000, mientras que las disputas entre las partes impidieron que el proceso finalizara.
En 2000, Kofi Annan señaló las dificultades que se habían vuelto insuperables en la implementación del referéndum. El rechazo de Rabat al plan Baker II en 2003 contribuyó entonces a distanciar aún más la perspectiva de una consulta que permitiera a los saharauis elegir entre varias opciones, incluida la independencia.
Marruecos ha ido avanzando paulatinamente hacia una propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí.
El enfrentamiento diplomático alcanzó una nueva etapa el 30 de octubre de 2026, cuando se presentaron al Consejo de Seguridad dos proyectos en competencia. Según el cronograma informado por Mohamed Sikal, Rusia vetó el proyecto estadounidense, mientras que Estados Unidos luego bloqueó el proyecto ruso alternativo.
Esta secuencia reveló las profundas divisiones entre las grandes potencias sobre el futuro del proceso de la ONU.
La MINURSO, cuya creación fue aprobada por unanimidad en 1991, se encuentra así en el centro de una confrontación diplomática que pone en duda su futuro y el de su mandato.
El fin de la MINURSO: el riesgo de una nueva espiral financiera y militar
Para Mohamed Sikal, la falta de renovación del mandato de la MINURSO constituye un punto de inflexión que probablemente agravará las consecuencias económicas del conflicto.
En particular, la misión de la ONU cumplió la función de supervisar el alto el fuego y documentar los incidentes. Su debilitamiento o desaparición podría complicar la verificación independiente de los acontecimientos militares y aumentar los riesgos de mala interpretación o escalada.
El autor no presenta como certeza una guerra directa entre Marruecos y Argelia, pero cree que la desaparición de un mecanismo de vigilancia y desescalada podría hacer que los incidentes sean más peligrosos.
Y ahí radica una de sus principales preocupaciones: una mayor escalada militar podría conducir a un aumento del gasto en defensa, a expensas de la inversión social.
En un contexto de tensiones regionales, la necesidad de equipos militares, drones, aviación y sistemas de defensa podría convertirse en argumentos adicionales para justificar nuevas decisiones presupuestarias.
El escenario descrito por Mohamed Sikal es el de un retorno a una lógica ya conocida: la seguridad antes que el desarrollo, la defensa antes que los servicios públicos y la cuestión saharaui antes que las demandas sociales.
En otras palabras, después de justificar décadas de espera en nombre del referéndum y la soberanía, el conflicto podría ahora servir para justificar nuevos sacrificios en nombre del riesgo de guerra.
Autonomía exterior, centralización interior
El análisis también plantea una contradicción política en torno a la propuesta de autonomía marroquí.
Presentada en la escena internacional como una solución que permite a las poblaciones del territorio gestionar sus propios asuntos, la autonomía presupone necesariamente una cierta descentralización del poder.
Sin embargo, Mohamed Sikal cree que un clima de confrontación militar podría producir el efecto contrario: fortalecer el poder central, limitar los márgenes de toma de decisiones de las autoridades locales y concentrar aún más las decisiones estratégicas en Rabat.
Esto daría lugar a una contradicción entre el discurso diplomático y las prácticas institucionales: defender la autonomía como solución en el Sáhara Occidental manteniendo, a escala nacional, una organización altamente centralizada.
Esta cuestión va más allá de la cuestión sahariana por sí sola. Se refiere a la capacidad del Estado marroquí para construir una verdadera descentralización, fortalecer las instituciones locales y permitir a los ciudadanos participar en las decisiones que afectan a su vida cotidiana.
Los ciudadanos marroquíes, los primeros afectados por el precio del impasse
Básicamente, el texto de Mohamed Sikal plantea una pregunta que rara vez se sitúa en el centro del debate político marroquí: ¿quién paga realmente el precio de este conflicto?
Son los contribuyentes quienes financian el gasto público. Son las familias las que sufren las deficiencias de los servicios de salud y educación. Son los jóvenes que se enfrentan al desempleo y a la emigración los que ven comprometidas sus perspectivas de futuro por un modelo de desarrollo que lucha por satisfacer sus expectativas.
Por tanto, el conflicto del Sáhara Occidental no constituye sólo una cuestión diplomática entre Rabat y el Frente Polisario, con la participación de Argelia y las grandes potencias. También representa una cuestión de política interna, gobernanza y distribución de recursos nacionales.
La cuestión no es negar la importancia que las autoridades marroquíes conceden a su reivindicación territorial. La cuestión es si esta demanda debe seguir absorbiendo una parte tan importante de la agenda política y estratégica del país, hasta el punto de relegar las aspiraciones sociales de millones de ciudadanos.
Mohamed Sikal recuerda a este respecto la advertencia formulada por Abderrahim Bouabid en 1981: no limitar todo el destino de Marruecos a una única cuestión territorial.
Cincuenta años después, ¿puede Marruecos todavía permitirse el lujo de esperar?
La conclusión de Mohamed Sikal es una advertencia del riesgo de que Marruecos reproduzca el mismo patrón indefinidamente.
Según se informa, entre 1981 y 1991 el país esperó una decisión sobre el referéndum. De 1991 a 2026 habría esperado a que se organizara esta consulta. Y a partir de 2026, podría verse obligado a esperar un nuevo resultado en un contexto de crecientes tensiones militares.
Cincuenta años durante los cuales la cuestión saharaui ocupó un lugar central en las opciones políticas del reino, sin que las expectativas sociales de la población encontraran necesariamente las respuestas prometidas.
La cuestión ahora va más allá de la única cuestión del futuro de la MINURSO o de las negociaciones en el Consejo de Seguridad. Se trata del modelo de desarrollo de Marruecos, de la transparencia de sus opciones presupuestarias y de la posibilidad de que sus ciudadanos debatan libremente el precio de las políticas llevadas a cabo en su nombre.
Porque una causa, por importante que sea para un Estado, no puede constituir de manera sostenible una respuesta a todas las cuestiones sociales, económicas y democráticas.
El costo real de un conflicto prolongado no se mide únicamente en gastos militares o asignaciones diplomáticas. También se mide en escuelas que esperan, en hospitales que carecen de recursos, en empleos que no se crean y en generaciones a las que se les pide que esperen en nombre de una regulación que siempre se pospone.
Ésta es, en última instancia, la paradoja que destaca Mohamed Sikal: al situar el Sáhara por encima de todas las demás prioridades, Marruecos corre el riesgo de seguir sacrificando parte de su propio desarrollo a la expectativa de una solución política.
Y mientras las grandes potencias chocan con resoluciones y vetos, son los ciudadanos marroquíes quienes siguen soportando las consecuencias económicas y sociales.
Mohamed Sikal
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