ILMO. SR. CORONEL JEFE DE LA GUARDIA CIVIL
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL
51.002 CEUTA
ESCRITO PÚBLICO, CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO
ASUNTO: PRESUNTA INCITACIÓN, CON INFORMACIÓN, PRESUNTAMENTE NO TOTALMENTE CORRECTA, POR PARTE DE LA ONG SAVE THE CHILDREN, QUE ANIMA A QUE MENORES NO EMANCIPADOS DEL REINO DE MARRUECOS, DE ACUERDO CON SUS PADRES, CUANDO CORRESPONDA, A ENTRAR ILEGALMENTE EN EL REINO DE ESPAÑA, EN QUE PUEDEN ENTENDER QUE EL REINO DE ESPAÑA LES VA A ATENDER EN TODAS SUS NECESIDADES, EN LUGAR DE SUS PADRES Y DEL REINO DE MARRUECOS.
Burgos, 18 de septiembre de 2.026
Ilmo. Sr.:
Con tremenda preocupación, las asociaciones de padres de familia separados/divorciados, seguimos el asalto e invasión, por parte de muchos miles de personas de la frontera del Reino de España, entre ellos, varios miles de niños y jóvenes, no emancipados de sus padres, y súbditos del Reino de Marruecos.
Con gran cabreo, vemos que, en la atención de esta marea humana, el Reino de España, con más de TRES MILLONES DE FUNCIONARIOS, y cerca de CINCUENTA MILLONES DE RESIDENTES, intervienen diversas ONG´S financiadas con fondos de todos los ciudadanos españoles, que pagamos impuestos.
Y, como si no pasara nada, se atreven a dar consejos a políticos y personas que han accedido, ilegalmente, al Reino de España. Todo presuntamente.
Y, entre ellos, niños y jóvenes, a los que atienden, en que es de temer que les aseguren, o den a entender, que TIENEN DERECHO A QUEDARSE EN EL REINO DE ESPAÑA, porque es su derecho. Todo es interpretable.
Y en estos temas, con fondos públicos, lleva voz cantante, según diversas informaciones públicas, la ONG SAVE THE CHILDREN, que está actuando en Ceuta, y que, en los últimos años, ha recibido subvenciones públicas por unos TREINTA Y DOS MILLONES DE EUROS.
Parece que nuestros miles de políticos y funcionarios necesitan de los consejos de esta ONG.
Y el problema, es de temer, que, en estos momentos, por ejemplo, los hijos de los miembros de la GUARDIA CIVIL tengan menos derechos que esos niños y jóvenes, al teórico amparo de sus padres y del Reino de Marruecos, con preferencia a EXIGIR derechos al Reino de España, antes que a sus padres o al Reino de Marruecos.
Y le explico. En los procedimientos de familia, en teoría, esos hijos, niños y jóvenes, de los miembros de la Guardia Civil, no tienen garantizado que el MINISTERIO FISCAL comparezca en los procedimientos de familia, en que se deciden sus derechos personales. Distintos de sus padres, e incluso de otros hermanos o familiares……..
Y esto sucede desde hace de más de CUARENTA AÑOS. Por ejemplo, nuestra hija no tuvo MINISTERIO FISCAL en vista judicial en que se la echaba a la PUÑETERA CALLE, Ya sabe, fines de semana, mitad de vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano.
Y qué decir, que con fondos públicos les atacan abogados. Y jueces han dictado sentencias sin atenderme. Es decir, el estado español, el suyo y el nuestro, nos ha presentado a ciudadanos documentos que afirmaban que se estaba ante un juez y un secretario judicial…y era mentira. Y a mí se me exige abogado y procurador para pedir copia de dos documentos con mi firma. Y no se me exigió abogado para expulsarnos de casa.
Y qué decir de nuestra vida familiar, a la madre la niegan participar en un sorteo de viviendas públicas….Si lo desea le cuento toda la historia de mentiras……. Y TERRORISMO DE ESTADO.
Y PENSAR QUE NO HAY DINERO PARA FISCALES, PARA LOS NIÑOS DE LA GUARDIA CIVIL, Y DAMOS A UNA ASOCIACIÓN TREINTA Y DOS MILLONES DE EUROS
Primero.-
https://www.boe.es/buscar/
“DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Circular 3/1986, de 15 de diciembre, sobre intervención del Ministerio Fiscal en los procesos de separación y divorcio.
4. Comparecencias en medidas provisionales. En las comparencias ante el Juez (arts. 1.897 y 1.899 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que tienen como finalidad la adopción de las medidas provisionales del artículo 103 del Código Civil, el Ministerio Fiscal estará presente si fuera posible, o al menos en las que se presuman más trascendentes o conflictivas, emitiendo su dictamen una vez que las demás partes hayan realizado su aportación documental y concluido el informe.”
Segundo.-
AEAFA y Fiscalía del Supremo unen esfuerzos por el Derecho de Familia
Madrid - 10/5/2024. La junta directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) se ha entrevistado hoy con la Fiscal de Sala Coordinadora de Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera, y con la fiscal del TS, Lourdes Rodríguez REY.
Durante este encuentro, cuyo objetivo se enmarca en las acciones de la AEAFA para mejorar la especialización de los operadores jurídicos en el ámbito del Derecho de Familia, Pilar Martín Nájera ha expuesto las carencias materiales y personales de la Fiscalía, que les impide llegar a muchos procesos de Familia, sobre todo, porque los asuntos penales "tienen prioridad" sobre el resto. A este déficit de personal se suma la dispersión geográfica y organizativa que les impide atender los procesos. Por este motivo, Pilar Martín Nájera propuso que los jueces concentren señalamientos de Familia para facilitar su asistencia.
………………..En este encuentro con la Fiscalía participaron la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas, la vicepresidenta, Beatriz de Pablo, el Tesorero, Óscar Martínez, el secretario Álvaro Iraizoz, y los vocales María José Sánchez González y Jesús Díaz Lorite……………………
Tercero.-
Editorial Aranzadi. LOS PROCESOS CIVILES ESPECIALES DE FAMILIA.
José Miguel de la Rosa Cortina 2.025
Página 51:
1.1.6 EFECTOS DE LA FALTA DE INTERVENCIÓN DEL FISCAL
1.1.6.1.
La carencia de efectivos suficientes en el Ministerio Fiscal para hacer frente a la multiplicidad de actuaciones procesales en las que debe intervenir, situación endémica, plantea con toda su crudeza la necesidad de arbitrar soluciones para cuando es imposible su asistencia……
Y NO PASA NADA CUANDO NO ASISTEN LOS FISCALES A LAS VISTAS EN QUE SE DECIDEN LOS DERECHOS PERSONALES DE LOS HIJOS DE LOS GUARDIAS CIVILES. Y eso lo avalan jueces y fiscales.
A las madres…ABOGADOS GRATIS…A los hijos de los guardias civiles NADA DE NADA.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: IGUALDAD ANTE LA LEY. Agua de borrajas.
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Nos debemos hacer la siguiente pregunta:
Después de la entrada multitudinaria de 2.021…¿CÚANTOS NIÑOS HAN SIDO DEVUELTOS A MARRUECOS?. ¿Pocos o ninguno?-
Sin embargo….
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Me refiero a LAS CIUDADANAS Dª SALVADORA DEL CARMEN MATEOS ESTUDILLO, CONOCIDA POR “ORY” Y Dª MARÍA ISABEL DEU DEL OLMO, CONOCIDA POR MABEL DEU, CONDENADAS EN AÑO PASADO A NUEVE AÑOS DE INHABILITACIÓN POR EL DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, POR LA DEVOLUCIÓN DE DIVERSOS MENORES NO EMANCIPADOS, DESDE CEUTA , DE DONDE PROCEDÍAN, AL REINO DE MARRUECOS, BIEN A SUS PADRES, BIEN A LOS SERVICIOS SOCIALES QUE PUEDA TENER ESE PAÍS, QUE VIENE RECIBIENDO CUANTIOSAS AYUDAS DEL REINO DE ESPAÑA Y ORGANISMOS EUROPEOS.
La sentencia está recurrida.
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Nos encontramos que varios millones de NIÑOS Y JÓVENES españoles no tienen garantizado que el MINISTERIO FISCAL asista a la vista judicial en que se deciden sus derechos. Los hijos de los hombres y mujeres a su mando.
¿AFIRMA SAVE THE CHILDREN QUE SI SON NIÑOS Y NIÑAS MARROQUÍES TIENEN DERECHO A SER MEJOR PROTEGIDOS QUE ADULTOS MARROQUÍES?.
¿ES QUE NO SE CONTEMPLA QUE PUEDEN SER RECHAZADOS, SOBRE TODO CUANDO LOS ESTÁ RECLAMANDO EL REINO DE MARRUECOS?.
¿NO SE ESTÁ GARANTIZANDO, O SUGIRIENDO, EN CIERTO MODO, QUE TIENEN DERECHO A QUEDARSE EN ESPAÑA, Y QUE LO PAGUEN LOS GUARDIAS CIVILES?.
Save the Children alerta del riesgo de que niños y niñas queden desprotegidos al ser considerados adultos en Ceuta
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- La organización pide extremar las garantías en los procedimientos de determinación de la edad y que la documentación disponible sea tenida en cuenta.
Ceuta, 24 de agosto de 2026. La identificación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran solos debe ser una prioridad en la actual situación de emergencia en Ceuta. Save the Children advierte de que una identificación incorrecta puede tener consecuencias graves para la infancia, especialmente durante los traslados y derivaciones entre los distintos recursos habilitados, ya que un niño o niña considerado adulto puede quedar fuera del sistema de protección.
La organización recuerda que los procedimientos de identificación deben partir siempre del interés superior de la infancia y que no deben someterse a pruebas de determinación de edad aquellos niños y niñas cuya minoría de edad resulte indudable. Asimismo, cuando existan indicios documentales de minoría de edad, como fotografías o copias de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos de identidad, estos deben ser tenidos en cuenta para presumir provisionalmente la minoría mientras se verifica la documentación original.
“La identificación de la minoría de edad no puede entenderse como un mero trámite administrativo: es la puerta de entrada al sistema de protección. Ante cualquier duda, debe prevalecer la presunción de minoría y garantizar que ningún niño o niña quede desprotegido por haber sido considerado adulto”, señala Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children.
Save the Children considera que las pruebas médicas para determinar la edad no deben realizarse de manera indiscriminada. Cuando sean necesarias, deben utilizarse como último recurso y dentro de un procedimiento que ofrezca todas las garantías.
La organización ha conocido, a través de un profesional de otra entidad que trabaja sobre el terreno, el caso de una joven atendida tras sufrir violencia sexual en su país de origen. Tras sufrir una crisis nerviosa, fue derivada a un centro de atención en crisis, donde se le realizó una prueba de determinación de edad cuyo resultado estableció que tenía 26 años. La joven había aportado una fotocopia de su documento nacional de identidad que, según la información trasladada al equipo, acreditaba que era menor de edad, pero esta documentación no fue aceptada y no pudo acceder al recurso destinado a menores.
Para Save the Children, este caso pone de manifiesto la necesidad de que los procedimientos tengan en cuenta no solo el resultado de una prueba, sino también la documentación disponible y las circunstancias individuales de cada persona.
Ante los traslados que se están produciendo en Ceuta, la organización pide reforzar los mecanismos de detección temprana tanto en la identificación de chicos y chicas que se encuentran en la calle como en los recursos de acogida humanitaria que se están habilitando desde el Ministerio de Inclusión, a los que están siendo trasladadas las personas que se encuentran en calle. Estos mecanismos deben permitir identificar posibles casos de niños, niñas y adolescentes y garantizar su derivación inmediata al sistema de protección.
Save the Children refuerza su trabajo de protección en Ceuta
Save the Children mantiene un equipo en Ceuta realizando seguimiento de la situación y de las necesidades de protección de niños, niñas y adolescentes. La organización está reforzando su trabajo para identificar situaciones de especial vulnerabilidad y colaborar con las autoridades y entidades que trabajan sobre el terreno.
¿DEBIERA INVESTIGAR ESTO LA JUEZA TARDÓN?
Así lo muestran folletos bilingües (español y árabe)
La ONG financiada por Soros ‘Save the Children’ enseña a inmigrantes ilegales adultos a negarse a hacer las pruebas de edad y quedarse como menas
- 27 de agosto de 2026
La ONG Save the Children, financiada por la Open Society Foundations de George Soros, está enseñando a inmigrantes ilegales mayores de edad a negarse a las pruebas médicas de determinación de edad cuando declaran ser menores y, si las autoridades no les reconocen como tales, a exigir asesoramiento, abogado y documentación de origen para intentar quedarse en el sistema de protección de menores.
Así lo muestran folletos bilingües (español y árabe) difundidos por @CanarioToday y atribuidos a la organización en Canarias. En el apartado «Determinación de la edad», el material indica: «Puede que tengas que realizar unas pruebas médicas para determinar tu edad. Debes dar tu consentimiento antes de realizarlas o puedes negarte a hacerlas. Siempre pregunta y pide información si tienes dudas».
En la cara siguiente, bajo el título «¿Qué pasa si no reconocen que eres menor de edad?», añade: «Puedes pedir que te asesoren sobre lo mejor para ti y cómo demostrar tu minoría de edad de otras formas. Pregunta por un abogado y confía en él. Puede que los resultados tarden. Ten paciencia. Los resultados de la prueba no siempre son fiables. Puede ser de ayuda pedir que te manden desde tu país los documentos que necesites, si fuese posible».
La instrucción es clara: el consentimiento es requisito y el rechazo de la prueba es una opción explícita. Quien llega irregularmente y afirma ser menor puede, según este kit, bloquear o retrasar el examen óseo o dental y, si el resultado no le favorece, impugnar la calificación de adulto y pedir que se le trate como menor mientras llegan papeles del país de origen. Ese estatus —el de menor extranjero no acompañado, o mena— abre tutela pública, plaza en centro de menores, escolarización y un régimen jurídico distinto al de un adulto irregular, con más dificultades para la expulsión.
La organización está desplegada en Ceuta, donde a finales de julio se produjo una entrada masiva ilegal desde Marruecos y el recuento de supuestos menores ha ido subiendo de unos 1.900 a más de 2.500. En paralelo, Save the Children ha exigido que, ante cualquier duda, prevalezca la presunción de minoría y que no se hagan pruebas de edad cuando existan fotocopias de pasaporte, certificados o fotografías. Las pruebas médicas, dice, deben ser último recurso. El mismo discurso que el folleto traduce en consejo práctico al recién llegado.
El problema de fondo no es teórico. En España hay un historial documentado de adultos que se hacen pasar por menores para entrar en la red de protección y de menores que, al revés, son registrados como adultos. Las pruebas óseas tienen margen de error y han sido criticadas por tribunales y organismos internacionales; al mismo tiempo, la presunción automática de minoría y el rechazo sistemático de los exámenes facilitan el fraude: un adulto en un centro de menores comparte espacio con adolescentes reales y accede a recursos pensados para infancia. Varios comentarios al hilo del hallazgo han señalado precisamente ese riesgo: más «menores» significa más plazas, más gestión y más dinero público para las entidades que operan el sistema.
Save the Children España declara decenas de millones de euros al año. Una parte relevante llega de subvenciones públicas españolas —más de 32 millones desde 2022, según bases de datos de ayudas, con una porción mayoritaria del Gobierno—. La vinculación con la red de George Soros aparece en el movimiento internacional: Open Society Foundations ha concedido en el pasado fondos a Save the Children USA. La rama española insiste en que su financiación es mayoritariamente privada (socios y donantes) más fondos públicos y europeos, y en que informa de derechos, no de cómo eludir la ley. El texto del folleto, sin embargo, no se limita a explicar el procedimiento: formula de forma directa la posibilidad de negarse a la prueba y de pelear la calificación de adulto.
Informar a un menor real de que el consentimiento es necesario y de que puede pedir abogado es coherente con la normativa de protección de la infancia. Entregar el mismo folleto, en árabe y español, a quien acaba de entrar irregularmente y dice tener 16 o 17 años —sin verificación previa— convierte ese derecho en una herramienta de estrategia migratoria. Quien es adulto y quiere permanecer como mena recibe, en la práctica, un manual: no consientas la radiografía; si te declaran mayor, pide abogado, impugna y solicita papeles del país de origen; los resultados «no siempre son fiables».
La Fiscalía es quien decide las pruebas de edad cuando hay duda. La ley española y la doctrina del Tribunal Supremo han limitado el uso indiscriminado de exámenes médicos y han dado peso a la documentación. Eso no equivale a que una ONG pueda, en los puntos de llegada, instruir de forma masiva el rechazo del único mecanismo que las autoridades tienen para distinguir a un adolescente de un hombre de 22 o 25 años. El resultado previsible es el que ya se ve en Ceuta y Canarias: saturación de centros de menores, sospecha sobre muchos de los «menores» acogidos y un incentivo perverso. Cuantos más queden clasificados como menas, más se expande el dispositivo de acogida y más recursos públicos se canalizan hacia las organizaciones que lo gestionan o lo supervisan.
El folleto no dice «miente sobre tu edad». No hace falta. Dice que puedes negarte a que te la comprueben y que, si no te creen, hay vías para seguir peleando la minoría. En un contexto de llegadas irregulares masivas, esa es la diferencia entre un folleto de derechos y un tutorial para quedarse dentro del sistema de menores.
¿DEBEN LOS GUARDIAS CIVILES DE CEUTA PAGAR LOS GASTOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MARROQUÍES EN CEUTA, MIENTRAS SUS PADRES SE MARCHAN DE ROSITAS?.
ESTO DICE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
CON
Artículo 39
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
https://www.ohchr.org/es/
Convención sobre los Derechos del Niño
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
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Estimo que debería hacer seguir este escrito a la Ilma. Sra, Jueza Tardón, de la Audiencia Nacional, que parece que lleva este tema.
Procede que, si este Reino de España NO ES UNA REPÚBLICA BANANERA, se debiera estudiar el papel de las ONGS en el tratamiento de este tema.
Sin embargo, si Ud., personalmente, considera que los guardias civiles a su mando deben pagar, de sus ingresos, lo que no pagan los padres y el Reino de Marruecos, por sus niños y niñas, rompa este escrito.
Atentamente,
Jesús Ayala Carcedo
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