La UCO rastrea en República Dominicana el dinero presuntamente estafado por la plataforma que financió a Alvise

 

La Audiencia Nacional se ha dirigido a República Dominicana para solicitar información bancaria, fiscal y patrimonial de una serie de sociedades que se habrían utilizado para mover el dinero de los inversores

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea en República Dominicana los fondos provenientes de la presunta estafa perpetrada por la plataforma de inversiones Madeira Invest Club (MIC), el entramado que habría abonado 100.000 euros en metálico al eurodiputado y líder de 'Se Acabó la Fiesta' Luis Alvise Pérez.   Así se desprende del sumario de esta causa, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se revela que la Audiencia Nacional se ha dirigido a República Dominicana para solicitar información bancaria, fiscal y patrimonial de una serie de sociedades que se habrían utilizado para mover el dinero de los inversores.

Los investigadores sitúan a la cabeza de la presunta estafa piramidal a Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', y a Borja Lara. Romillo, a su vez, se habría rodeado de su «esfera personal» para establecer un entramado de sociedades «dentro y fuera de España».

Además, según la UCO, en la estafa también habrían participado el padre de 'Cryptospain', Domingo Romillo, su pareja o la prima hermana de Álvaro, Eva Romillo. Todos ellos habrían realizado «múltiples desplazamientos a lo largo de 2024» a República Dominicana, donde la Guardia Civil ha situado hasta 13 sociedades, «no descartándose la existencia de otras».

El juez, que indaga en delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales, y falsedad de documentos mercantiles, destaca que el MIC era «el eje sobre el que los investigados organizan y ejecutan una estafa piramidal», publicitándose como «un club privado de inversiones» y prometiendo rentabilidades mínimas de un 20% anual previo pago de una cuota anual.  

La Guardia Civil sostiene en uno de sus informes que el MIC habría ofertado entre sus miembros un total de, al menos, 44 obras por un valor total de 261.180.762 euros. «Del mismo modo, el MIC habría obtenido entre 5 y 7 millones de euros, a través de las 3 fases de admisión para miembros abiertas en 2023 y 2024», indica. Sin embargo, el MIC colapsó «en septiembre de 2024, cesando sus operaciones y dejando de atender a sus obligaciones, imposibilitando a los inversores retirar los fondos depositados.»  29 millones a una cuenta en Singapur 

Fue el pasado mes de diciembre cuando la Guardia Civil pidió al instructor, el magistrado José Luis Calama, que emitiera una comisión rogatoria a Dominicana para pedir información, una solicitud todavía por responder. Hasta la fecha, ya ha recibido documentación de Singapur, Portugal y Bélgica.  

Precisamente, el magistrado está a la espera de recibir por parte de la unidad de Delitos Económicos y Delincuencia Internacional de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil un informe en el que se dé cuenta de la documentación recibida hasta la fecha. En lo relativo a esos dos últimos países, la UCO indica que las autoridades policiales de Singapur han informado de que una sociedad que tiene cuenta bancaria en ese país ha recibido fondos de dos sociedades portuguesas.

En concreto, «la Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a Álvaro y Domingo Romillo». Entre julio y agosto de 2024, esa cuenta habría recibido más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas.  

Singapur explicó a la Audiencia Nacional que procedía a bloquear esas transferencias al tratarse de «una operativa sospechosa». Pare mantener ese bloqueo, el país explicó al tribunal que para mantener ese bloqueo tenía que acreditar que los fondos procedían del presunto fraude.  

En cuanto a Bélgica, el magistrado se dirigió al país después de haber sido «identificadas varias cuentas bancarias que han sido destinatarias de fondos de los perjudicados», vinculadas con el propio Domingo Romillo. La UCO también pone el foco en Alejandro Pérez, que «ocuparía un escalón inferior» a Romillo y Lara. Pérez habría realizado «videos promocionales de las obras del MIC, en los que promete altas rentabilidades», además de haber titulado «varias de las mercantiles que componen el entramado societario de la organización criminal» y de haber gestionado el WhatsApp del MIC.  

Los agentes sitúan en ese segundo nivel a otros trabajadores del MIC: Dani -que no ha sido identificado-y su padre eran los encargados de soporte y gestión financiera; Rosa María de Oliveira era la directora del Club Privado; Rocío Chaves era la encargada de recepción y salas de reuniones. Sitúan además a otras personas presuntamente relacionadas con la plataforma, y que se habrían encargado, entre otras cuestiones, de los eventos del MIC, como el caso de Pedro Estanislao Bris. La Guardia Civil destaca que el MIC realizó «tres eventos multitudinarios en distintas ubicaciones de Madrid entre 2023 y 2024, contando incluso con la presencia de personalidades de renombre como 'Alvise' Pérez».  

«Con esta estrategia de comunicación se conseguiría fortalecer su reputación y demostrar su solidez económica», indica la UCO, que detalla que el eurodiputado «publicitó los servicios de Sentinel», una sociedad presuntamente implicada en la estafa y que permitía el intercambio de dinero en efectivo sorteando el control de Hacienda. Cabe destacar que Romillo aseguró ante el juez que entregó 100.000 euros en metálico a Alvise Pérez procedente del remanente de Sentinel para recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram. Romillo asegura que ese dinero iba destinado a que el eurodiputado pudiera «financiar con seguridad y holgura su campaña» -para las elecciones europeas-- sin persecución estatal».  

Rentabilidades de más del 30% 

Los investigadores explican que del análisis de varios videos promocionales «se desprende que cuando los inversores transferían capital al MIC para invertir en las obras seleccionadas, el MIC les transfería una obra de arte digital». «Una vez que la financiación de la obra en cuestión había finalizado, y que había pasado un periodo estipulado, el MIC procedía a lo que se denomina como recompra, que consiste en volver a adquirir la obra transferida a los inversores, por un importe mayor que incluía el capital invertido por estos y los intereses», añaden.  

Sin embargo, la Guardia Civil indica que el MIC no estaba autorizado para realizar actividades reservadas a instituciones de inversión colectiva, «por lo que trataría de mostrar dichas inversiones como la compra por parte de los inversores de una obra de arte digital que posteriormente el MIC recompraría por un valor superior».  

Los agentes explican que «la organización utilizó diversas herramientas para generar la confianza necesaria para que los inversores depositaran sus fondos en el MIC». En concreto, la plataforma «garantizaba por contrato la devolución de la aportación monetaria realizada más el rendimiento generado por la obra». Asimismo, el MIC «ofrecía rentabilidades anuales superiores al 30%, siendo ese objetivo el mínimo de rentabilidad ofertada». «No obstante, la rentabilidad ofrecida para algunas obras superaba con creces ese 30%», indican.  

Además, la Guardia Civil pone el foco en la llamada carta de última voluntad, un «documento privado que supuestamente garantizaba el aseguramiento de la inversión en caso de fallecimiento del titular, nominando un legatario al que ceder un poder total, único y absoluto sobre cada una de las obras en las que se participaba». La causa que se encontraba bajo secreto hasta principios de este mes de mayo después de que el juez acordase no prorrogar esta medida. Fue en octubre del pasado año cuando el instructor admitió a trámite tres denuncias por estafa contra el MIC, entre ellas las presentadas por el despacho Aránguez Abogados.

La Policía Nacional ha remitido al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, que investiga la supuesta financiacion irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe en el que “reputa como veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo afirmó haber entregado a Alvise fueron destinados a financiar parte de la campaña electoral de este a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que obtuvo 800.000 votos y tres escaños. El informe policial incide en que “resulta a todas luces evidente que el ánimo subyacente que reside en la actuación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para financiar la campaña electoral, que además deben ser opacos en el sentido de no declarados y de origen difuso, pretendiendo que no sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad finalmente entregada pudiera haber sido superior ya que el propio Alvise alude en un mensaje intervenido a que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró por esta causa en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, admitió que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó que utilizara ese dinero para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024 de su agrupación electoral. Fuentes presentes en la declaración señalaron entonces que Alvise aseguró que había usado la mitad de ese dinero para gastos personales y para algunos viajes profesionales, y que la otra mitad la tenía guardada. Romillo, quien declaró después de hacerlo el eurodiputado, desmintió esa versión y, según las mismas fuentes, aseguró que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. Ahora, el documento policial respalda el testimonio del empresario y destaca que “no hay dato alguno” que vincule la entrega de ese dinero con “la prestación de servicio por su parte a Álvaro Romillo o a sus estructas societarias adscritas, como había manifestado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el pasado 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, analiza los mensajes intercambiados por Romillo con Alvise a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal y que fueron recuperados por la Policia en el teléfono del primero. Tras constatar que los mismos no han sido manipulados, los investigadores destacan que de ellos se desprende que el agitador ultra hace ver a Romillo “la potencialidad” de la colaboración entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente, y yo financiar con seguridad y holgura mi campaña sin la problemática de la persecución estatal”, se lee en uno de ellos.

El político desgrana sus “necesidades”, entre las que cita “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que él no puede pagar de su bolsillo “por la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra añade que también tiene que “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si era elegido] me viene bien también eso para financiar la aventura política [...] En cash es irrastreable, sí”, dice en otro.

Respecto a Romillo, conocido en las redes como Luis CryptoSpain, los agentes señalan que se mueve por intereses exclusivamente empresariales, “no siendo su propósito directo financiar la campaña electoral de SALF, siendo no obstante plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, coadyuvando a su consecución”. Según la Policía, el “principal acicate” del empresario son “sus expectativas de negocio de cara a involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la pretensión de lucrarse consecuentemente”. El informe policial recalca que ,“en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario expuso a Alvise “las diversas posibilidades metodológicas de mover capitales sin que sean trazables por las instituciones fiscalizadoras, ni detectadas como financiadores de su campaña electoral”.

Así, añaden los agentes, dos días antes de que se produjera la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le propuso que el dinero que reciba SALF materializados en criptomonedas “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de forma que los pagos que reciba SALF en diversas wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo sean siempre controlados por este, pues será el que dispone de clave privada [...] que permite operar”. De esta forma, añaden los agentes, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, que le indica a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía explica que la forma de actuar de Alvise, “consistente en introducir capitales en una sociedad a base de simular que es una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada”. Se trata, básicamente, de “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, que tiene luego el derecho de canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, produciéndose una ampliación del capital social [...]. Este movimiento ―recoge el informe― disimula la verdadera pretensión de los actores, en este caso utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta es, de las tres causas que tiene abiertas en el Supremo, en la que se investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. 

El Supremo pide al Parlamento Europeo suspender la inmunidad de Alvise para imputarle por financiación irregular Quiere investigarle por supuesta financiación irregular de su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta (SALF).