El dossier que hunde a Bono: la trama dominicana que amenaza al PSOE de Sánchez

 


Documentos entregados por Alvise Pérez revelan contratos millonarios, sobreprecios del 250 por ciento y transferencias ligadas al exministro José Bono

Documentos entregados por Alvise Pérez revelan contratos millonarios, sobreprecios del 250 por ciento y transferencias ligadas al exministro José Bono y al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.

La sombra del escándalo alcanza al corazón del socialismo español y amenaza con convertirse en uno de los mayores terremotos políticos de los últimos años.

Según ha publicado Alvise Pérez —eurodiputado y líder del movimiento Se Acabó La Fiesta (SALF)—, el exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono Martínez, estaría a un paso de ser imputado en República Dominicana por su presunta implicación en la venta de material policial al país caribeño con fuertes indicios de corrupción y sobrecostes millonarios.

Los documentos de Alvise Pérez 

De acuerdo con la documentación entregada por Alvise Pérez a la Fiscalía dominicana hace meses, una empresa intermediaria vinculada a Bono habría firmado un contrato con el Gobierno de Luis Abinader para la entrega de vehículos, cámaras térmicas y escáneres policiales. Todo ello bajo el amparo de un acuerdo comercial que, según el peritaje presentado, refleja un sobreprecio del 250 % respecto al valor de mercado de estos equipos.

El dossier de Alvise Pérez incluye también transferencias bancarias en divisas (USD) que se habrían canalizado a cuentas en España, y apunta directamente al actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, como supuesto facilitador del canal aduanero y responsable de haber exonerado ciertos controles de importación. Esta maniobra habría permitido el envío irregular del material policial desde territorio europeo a República Dominicana, evadiendo protocolos de control y verificación de origen.

Los documentos, presentados ante la fiscalía dominicana y difundidos parcialmente por Alvise Pérez en sus redes, suponen un paso más en la estrategia del eurodiputado de buscar imputaciones internacionales que obliguen a la Justicia española a actuar. Si se confirma la apertura de una causa penal contra José Bono, sería la primera vez que un exministro socialista afronta una investigación por corrupción en un país extranjero.

El silencio de Ferraz y Moncloa 

Lo más sorprendente de este caso es el silencio absoluto del PSOE y de los grandes medios. Ni Moncloa ni Ferraz han emitido declaración alguna sobre el asunto, pese a que la filtración de los documentos ha generado un revuelo político creciente. En pleno contexto de desgaste por el caso Koldo–Ábalos, la posible imputación de Bono supone un golpe letal para la imagen del partido y para el propio Pedro Sánchez, cuya estrategia ha sido blindar a los viejos barones del socialismo para preservar la estabilidad interna.

Bono, considerado durante años un referente moral y político del PSOE, se enfrenta ahora a acusaciones de corrupción internacional que amenazan con borrar su legado. Su nombre aparece ligado a comisiones encubiertas, empresas pantalla y contratos inflados, en un escenario que recuerda a las viejas tramas de tráfico de influencias que han salpicado al partido en otros tiempos.

La falta de reacción oficial refuerza la tesis de que el Gobierno intenta contener la explosión mediática. Sin embargo, el eco del dossier ha comenzado a resonar fuera de España, especialmente en medios dominicanos y europeos, donde se han mostrado sorprendidos por la magnitud del supuesto fraude.

Un caso con ramificaciones internacionales 

Según la investigación revelada por Alvise Pérez, la trama dominicana de José Bono no sólo implica una operación comercial irregular, sino que también podría haber vulnerado tratados internacionales de comercio y seguridad fronteriza. Los documentos detallan la existencia de empresas fantasma registradas en España con vínculos directos a sociedades en Panamá y República Dominicana, utilizadas presuntamente para canalizar los pagos.

El informe pericial independiente, elaborado por expertos en seguridad y equipamiento policial, confirma que los precios pactados superaban con creces el coste de mercado, llegando a inflar los presupuestos hasta un 250 %. Además, se señalan deficiencias técnicas graves en los equipos entregados, lo que refuerza la sospecha de fraude comercial y blanqueo de capitales.

POR QUÉ ESTE CASO PUEDE SER UN PUNTO DE INFLEXIÓN

En primer lugar porque supone un golpe al corazón del PSOE ya que la posible imputación de José Bono —una figura emblemática del partido— representa un desafío a la narrativa de integridad que Moncloa intenta proyectar.

Este caso adquiere una dimensión judicial internacional puesto que si la Fiscalía dominicana abre causa, la Justicia española se verá obligada a colaborar, lo que podría derivar en nuevas investigaciones. Tiene a su vez impacto político directo, el caso se suma al deterioro del Gobierno de Sánchez, cada vez más cuestionado por su gestión del caso Koldo y las relaciones opacas entre poder político y contratistas públicos.

A su vez esta revelación supone un fortalecimiento de Alvise Pérez. El eurodiputado de SALF consolida su papel como azote del sistema, con una estrategia basada en la exposición pública de la corrupción transnacional.

La estrategia de Alvise Pérez 

La maniobra de Alvise Pérez no es casual. Su objetivo es romper el cerco judicial y mediático que, a su juicio, protege al PSOE y a Pedro Sánchez dentro de España. Forzando imputaciones en otros países —como República Dominicana o Panamá— busca que la presión internacional obligue a los jueces españoles a abrir causas espejo.

En este sentido, la filtración del dossier contra Bono ha sido calculada al milímetro: primero la denuncia formal, luego la exposición pública y, finalmente, la presión diplomática. Su apuesta podría inaugurar una nueva etapa en la lucha contra la corrupción, donde las fronteras judiciales ya no sirvan de refugio para los poderosos.

El silencio ya no protege

El caso Bono pone en evidencia que la corrupción política española ha alcanzado una dimensión global. Las viejas fórmulas de silencio, pactos internos y protección mutua comienzan a resquebrajarse. La opinión pública exige respuestas, y la figura del exministro socialista se convierte en símbolo de todo un sistema que muchos consideran agotado.

José Bono, que durante años representó el rostro amable del PSOE, podría acabar siendo el detonante de una nueva crisis política en el entorno de los socialistas. Si la Fiscalía dominicana avanza con la imputación, el Gobierno de Sánchez perderá una de sus últimas defensas narrativas: la de la limpieza institucional.

Porque, cuando el silencio se rompe, las mentiras dejan de ser sostenibles. Y esta vez, el eco llega desde el otro lado del Atlántico.

Raúl Sánchez Folgueiras

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