Un informe del Parlament ha acreditado que el presidente del grupo de Vox y número dos de la formación, Ignacio Garriga, emitió facturas por valor de casi 40.000 euros a nombre del grupo parlamentario en concepto de "servicios de despacho y atención en sede", además de cargar numerosos gastos personales a cuenta del grupo.
Así se desprende de un informe del Parlament, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, emitido tras la denuncia de la exdiputada de Vox Isabel Lázaro ante la Oficina Antifraude de Catalunya.
En concreto, Garriga cargó al Parlament durante los ejercicios de 2021 y 2022 numerosos gastos personales, entre ellos varios pedidos de comida a domicilio, servicios de tintorería y peluquería y la cuota anual de la Asociación de Familias de Alumnos del colegio en el que estudian sus hijos.
En un primer momento, Lázaro denunció ante la ejecutiva de Vox estos gastos irregulares, tras lo que presentó una denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña, que, a su vez, remitió la investigación al órgano competente del Parlament, la Oidoría de Cuentas.
Tras conocerse la denuncia de Lázaro, el presidente de Vox, Santiago Abascal, cerró filas con Garriga y atribuyó la denuncia al hecho de que la diputada se quedó fuera de las listas al Parlament.
Fuentes parlamentarias consultadas por EFE han explicado que en la declaración de actividades de Garriga en los años 2021 y 2022 no consta ningún ingreso por servicios profesionales, por los que cobró un total de 38.496,59 euros.
Ante estas circunstancias, la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament preguntó al grupo parlamentario de Vox qué servicios les ha prestado Garriga, y ha elaborado una nueva regulación sobre las subvenciones a los grupos parlamentarios.
Según esta nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC) y que estará en vigor a partir de esta legislatura, los grupos tendrán la obligación de devolver los importes de las subvenciones si no presentan la documentación necesaria para rendir cuentas sobre estas subvenciones.
Esta regulación es sensiblemente más restrictiva que la que estaba en vigor la pasada legislatura, y exige más documentación a los grupos parlamentarios que antes a la hora de justificar las subvenciones.
Al trascender el informe del Parlament, la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado este lunes a Ignacio Garriga de "embolsarse 40.000 euros de todos y todas para pagar peluquerías, restaurantes y facturas del AMPA" de sus hijos, entre otras cuestiones.
"La misma extrema derecha que después habla de 'chiringuitos' y 'paguitas", ha recriminado en un apunte en X recogido por Europa Press.
Por su parte, la CUP ha registrado un escrito ante la Mesa en el que exige que "actúe de forma diligente y tome las medidas pertinentes, sin más dilación" y que aplique la modalidad de control financiero a las subvenciones de grupos parlamentarios.
En un mensaje en X, la diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha reclamado a la Mesa que "depure responsabilidades" tras el informe: "¡La primera legislatura de la ultraderecha en el Parlament y ya han metido la mano en la caja...!", ha dicho.
Vox niega irregularidades
Por su parte, Vox ha negado que existan irregularidades o ilegalidades en los gastos de la actividad propia del grupo parlamentario en Catalunya al tiempo que ha denunciado una "nueva campaña de noticias falsas" contra la honorabilidad del portavoz de Vox en el Parlament y secretario general, Ignacio Garriga, y de la formación política.
En este sentido el partido liderado por Santiago Abascal ha asegurado que ya ha trasladado a la Mesa del Parlament la declaración de actividades y bienes de Garriga.
"Es falso que Ignacio Garriga haya facturado gastos personales por importe de 38.496,59 euros, como se ha afirmado hoy de manera falsaria y arbitraria en numerosos medios de comunicación", ha insistido la formación en un comunicado.
Según ha explicado Vox, Garriga encargó la elaboración de una auditoría exhaustiva de carácter interno de los gastos correspondientes a los años 2021 y 2022 entre los que se encuentran los mencionados por el informe de la Oïdora de Comptes.
"Dicha auditoría comprobó que los gastos estudiados corresponden al funcionamiento ordinario del grupo parlamentario, a excepción de unos conceptos incorrectamente imputados, por un error en el uso de la aplicación móvil de pago Wallet, que ascienden a un importe de 380 euros. Los gastos referidos han sido reembolsados y subsanados en la contabilidad correspondiente", explica el texto.
En este sentido, Vox ha asegurado que los gastos de funcionamiento del grupo parlamentario se registraron en una declaración que será pública en los próximos días en la web del Parlament.
Finalmente, el partido ha revelado que se reserva el derecho a tomar las acciones oportunas contra "las calumnias y acusaciones absolutamente infundadas realizadas contra los mismos" y ha avisado de que no permitirá que se dañe la imagen de Vox y de las personas que lo conforman.
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