Hay dos pruebas muy importantes y otras ocho que recomendamos leer en siguientes publicaciones, por las que de inmediato se va a reabrir el caso. El fiscal ocultó y mandó destruir la bomba que no estalló y que hubiese aclarado por su contenido muchos puntos negros de la investigación, entre otros, los fabricantes de las bombas. Su deber era entregar la bomba al juez. Los policía dicen que los entregaron en la comisaría de Vallecas, quien se hizo cargo de su guarda y custodia, dice que los trasladaron a fiscalía –así consta- ¿Por qué no llegaron al juez? Unos funcionarios de la Audiencia dicen que no eran parte del cuerpo del delito ya que no estallaron, otros que corrían mucho peligro –estaba desactivada- no podía explotar ni echándola al fuego. El artefacto se perdió en la mismísima Audiencia.
La segunda prueba: El 11 de marzo de 2004, cuatro trenes saltaron por los aires en Madrid, en el que es el peor atentado terrorista de la historia de España. Al producirse las explosiones, los convoyes se encontraban en las estaciones de Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y a la altura de la calle Téllez, cerca de Atocha. En total explotaron diez bombas que causaron la muerte a 193 personas e hirieron a cerca de otras 2.000.
El caso se cerró en falso, porque la instrucción dejó demasiados
agujeros negros. Sigue siendo una incógnita, por ejemplo, quién o
quiénes fueron los autores intelectuales de los atentados.
“Queda mucho por investigar”, señala Sánchez de Roda, investigador de los hechos, que sólo encuentra una explicación a la destrucción de los trenes tras los atentados: “La única explicación es que había que poner una versión oficial que fuera distinta de la real, y como la real -que eran los trenes propiamente dichos- iba a contradecir la versión oficial, pues había que deshacerlos como fuese”.
La gestión que se hizo de los convoyes del 11-M es incomprensible, y así se pone de manifiesto al compararla con los procedimientos seguidos en el caso del Alvia accidentado en Santiago de Compostela por un exceso de velocidad. No se ha entregado hasta cuatro años después del siniestro, que el juez ha autorizado la devolución de los vagones a Renfe, después de haber realizado todos los informes pertinentes. “Si eso fue así en Santiago”, cuántas más razones más poderosas había para conservar los trenes del 11-M, destrozados por explosiones de origen desconocido y que contenían pruebas irremplazables que podrían conducir a determinar qué había explotado y a identificar a quienes habían perpetrado el atentado”.
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