Hay noticias que, si se miran con atención suficiente, dejan de ser noticias y se revelan como síntomas. El caso de Noelia Castillo —veinticinco años, una biografía marcada por el trauma y el abandono, una solicitud de eutanasia concedida por el Estado— es uno de esos. Aquí no se juzga a una persona ni se simplifica un dolor que no se puede medir desde fuera. Lo que este caso revela es demasiado grave para dejarlo pasar sin pensarlo despacio. A mi juicio, lo más inquietante no es que una persona llegue a desear la muerte. El deseo de morir puede aparecer en los momentos de mayor dolor; entenderlo forma parte de cualquier mirada honesta sobre la condición humana. Lo verdaderamente perturbador es que, como sociedad, hayamos perdido la capacidad de distinguir cuándo ese deseo es expresión de libertad y cuándo es, antes todo, un grito de sufrimiento que pide ser atendido. Al mismo tiempo, hay una forma de abandono que hemos aprendido a pronunciar con voz amable. Algunos la llaman respeto; otros, incluso compasión. Consiste en no contradecir al que sufre, en no oponerle resistencia, en retirarse con delicadeza cuando pide que nos retiremos. Pero el amor —la atención y el cuidado son formas del amor— no siempre puede retirarse. A veces sólo sabe quedarse.
Hay aquí un desplazamiento que conviene nombrar con precisión. Si el Estado, con todo su aparato jurídico, sanitario y tecnológico, facilita activamente la muerte de una persona que sufre, el problema desborda cualquier categoría técnica. No es ya una cuestión legal o médica, aunque también lo sea. Es algo anterior y más grave. Es la quiebra del vínculo que sostiene la convivencia desde abajo, el acuerdo tácito y frágil según el cual la vida de cada uno importa a los demás, especialmente cuando se vuelve débil. El hombre se ha dividido por dentro; también ha roto su relación con los demás y su vínculo más hondo con el misterio que lo crea y lo sostiene. Se destroza así la alianza originaria que hace de la vida un bien a custodiar, sobre todo cuando está herida y se vuelve débil. En su lugar emerge una forma nueva y radical de soledad. No ya la soledad padecida, que duele y pide ser aliviada, sino una soledad legitimada, administrada y ejecutada con los gélidos procedimientos de la burocracia. Esa soledad ya no se percibe como herida. Se ha vuelto puro trámite. Y eso hace del caso de Noelia un signo de nuestro tiempo, más que una excepción dentro de él.
Se dice, para tranquilizar la conciencia colectiva, que el Estado no ofrece la muerte sino sólo un derecho. Que abre una puerta, sin empujar a nadie. La formulación es discutible. Si una prestación queda integrada en el sistema público de salud —protocolizada, financiada, accesible—, deja de ser una posibilidad abstracta que flota en el horizonte jurídico. Pues ha pasado a formar parte de lo que el propio sistema sanitario presenta como solución final ante determinadas situaciones de sufrimiento. Y eso tiene un peso cultural y simbólico que no puede ignorarse. Las instituciones no son neutrales. Lo que el sistema ofrece como respuesta moldea, con el tiempo, aquello que los pacientes perciben como opción razonable, incluso como salida esperada. Si la muerte figura en el catálogo de prestaciones junto a la quimioterapia o la rehabilitación, es que algo ha cambiado en la manera en que la sociedad comprende el sufrimiento y su lugar dentro de la vida humana.
Vivimos en una cultura que normaliza el trato a la vida humana, intrínsecamente frágil, como si fuera un proyecto técnico. Y la lógica que rige ese proyecto —la eficiencia, el rendimiento, la optimización— ha llegado también al territorio del dolor existencial. Y tiene su coherencia interna, pues si el sufrimiento no puede ser mejorado, si se resiste al tratamiento, si persiste más allá de lo que es gestionable, entonces la solución más eficiente es suprimirlo junto con quien lo porta. Todo eso, naturalmente, se dice con palabras como dignidad, autonomía, derecho a decidir… Pero bajo esas palabras opera una gramática más fina y fría, la del problema y la solución o la del coste y el beneficio; esto es, la gramática de lo que funciona y lo que ya ha dejado de funcionar.
Lo que me inquieta como médico es que este proceso no se presenta como una quiebra profunda del hombre y de su comunidad, sino como progreso. Los “expertos” se han asomado estos días a los medios para explicarlo, justificarlo y, de paso, normalizarlo, con esa cadencia tranquila de quien describe algo natural e inevitable. Y en esa normalización se opera una transformación de inmensas consecuencias, porque a la medicina —cuyo sentido más hondo ha sido siempre cuidar, aliviar y acompañar al que sufre— se le hace ahora partícipe, con todo respaldo legal, en la producción de la muerte. Y se le induce a que renuncie a su propia vocación; que cambie el arsenal del cuidado por el de la ejecución, y que se le llame compasión.
Pero no es compasión. La compasión —del latín cum patior, sufrir con— implica presencia, no ausencia; quedarse y no marcharse. La compasión verdadera no suprime al que sufre; permanece con él, con paciencia y obstinación, para abrirle una ventana a la esperanza que no siente. Esa es la vocación a la medicina. Y lo que cabe esperar de una sociedad que quiera merecer tal nombre. El argumento incomoda, sí. Habrá quien lo lea como intromisión en la libertad individual, como un paternalismo que no respeta la autonomía del otro. Pero hay algo inaceptable, como llamar libertad a una decisión tomada desde el fondo de un dolor que apenas ha sido acompañado, o llamar respeto a mirar hacia otro lado y progreso a la institucionalización del abandono. Noelia Castillo tenía veinticinco años. Y lo que el Estado hizo no fue escucharla. Fue darle la razón.
Esteban Fernández Hinojosa
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