Hacienda duplica el valor del suelo rústico para aumentar impuestos a agricultores en medio de secretismo y críticas

 

El Ministerio de Hacienda ha desatado una ola de indignación en el sector agrícola español al notificar, sin previo aviso y mediante cartas individuales, una duplicación del valor catastral del suelo rústico, lo que incrementará significativamente los impuestos que pagan los propietarios de explotaciones agrícolas. Esta medida, envuelta en un clima de secretismo y acusada de falta de transparencia, ha sido recibida con sorpresa por miles de agricultores, cuyos valores catastrales se han elevado de un día para otro, según denuncias de la organización agraria Asaja. El ajuste, bautizado como "el catastrazo" en el ámbito rural, implica una revisión al alza de las fincas rústicas a nivel nacional, con el objetivo implícito de aumentar la recaudación fiscal, un movimiento que ha reavivado las tensiones entre el Gobierno y el campo en un contexto de creciente presión económica para el sector.

Las notificaciones comenzaron a llegar a finales de la semana pasada, enviadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Dirección General del Catastro, sin un anuncio oficial previo ni un periodo de consulta pública, lo que ha generado acusaciones de opacidad. Según datos preliminares de Asaja, el valor catastral de muchas fincas rústicas, que anteriormente se calculaba en base a su uso agrícola y productividad limitada, ha pasado de un promedio de 0.50-1.50 euros por metro cuadrado a rangos de 2.00-3.00 euros, duplicando o triplicando la base imponible para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos como el Impuesto sobre el Patrimonio. En regiones como Castilla-La Mancha y Aragón, donde la agricultura es un pilar económico, los incrementos han sido especialmente notorios, afectando a pequeños y medianos propietarios que ya enfrentan costos elevados por fertilizantes y combustible.

Asaja, en un comunicado emitido el miércoles, ha denunciado que esta revalorización responde a una estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez para compensar el déficit fiscal, incluyendo el reciente reconocimiento de un agujero de 126,000 millones en el sistema de pensiones. El presidente de Asaja, Pedro Barato, calificó la medida como "un ataque directo al campo" y exigió su reversión, argumentando que el incremento no refleja la realidad económica de las explotaciones, muchas de las cuales operan con márgenes de beneficio reducidos o negativos. La organización estima que el "catastrazo" podría incrementar la carga fiscal anual en más de 300 millones de euros para el sector, afectando especialmente a regiones dependientes de la agricultura como Murcia y Andalucía, donde los agricultores ya protestaron en 2024 por regulaciones ambientales.

 

El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha defendido la medida como parte de una actualización del catastro para alinearlo con los valores de mercado, un proceso que no se revisaba desde 2012 y que busca "garantizar la equidad tributaria". En un comunicado breve, el departamento dirigido por María Jesús Montero señaló que los nuevos valores reflejan la presión urbanística y la especulación inmobiliaria en zonas rurales, aunque no ha detallado cómo se calcularon ni ha respondido a las críticas sobre la falta de notificación previa. Fuentes internas sugieren que el ajuste responde a las exigencias de la Unión Europea para equilibrar las cuentas públicas, pero la ausencia de un plan de transición ha enfurecido a los afectados, que denuncian un impacto inmediato en sus finanzas.

La polémica ha trascendido a las redes sociales, donde hashtags como #Catastrazo y #NoAlImpuestazoCampesino han ganado tracción, con agricultores compartiendo fotos de las cartas recibidas y organizando reuniones urgentes para el lunes. La oposición, liderada por el PP y Vox, ha aprovechado para atacar al Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo calificándolo de "saqueo a la España rural" y Santiago Abascal exigiendo la dimisión de Montero. Mientras tanto, sindicatos como UGT y CCOO han pedido diálogo, y el sector teme que esta medida agrave la crisis del campo, ya marcada por el suicidio de David Lafoz en julio y las protestas en Torre Pacheco. El Gobierno enfrenta ahora la presión de justificar esta decisión en un verano políticamente cargado.